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12 mayo, 2020 | 3:13 pm

Juez trujillano declara infundado Segundo Pedido de Cese de Prisión Preventiva para Exgerente de Educación

El magistrado del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Eduardo Carlos Medina Carrasco, declaró infundado -por segunda vez- el pedido de cese de prisión preventiva solicitado por la defensa de acusado Rafael Martín Moya Rondo, exgerente de Educación de la región La Libertad; por lo que afirmó que se mantendrá vigente la medida de prisión preventiva dictada en su contra.

Durante el debate el abogado del ex gerente de educación, César Alva Florián, explicó que existen informes médicos, en los cuales se advierten que su patrocinado tiene hipertensión y obesidad mórbida, además de su actual estado de salud, situación que se agraviaría dentro del penal. Asimismo, apeló a la razón de tipo humanitario, indicando que ante la existencia de este cuadro clínico se pone en riesgo la salud de Moya Rondo.

Por otro lado, el representante del Ministerio Público refutó dichos argumentos presentados por la defensa, debido a que la misma no pudo acreditar con documento idóneo las enfermedades preexistentes ni tampoco la forma de obtención de la ficha clínica actual por conducto regular. Asimismo, informó que el Inpe ha adoptado medidas para mantener aislado al investigado.

Pese a lo expuesto por el abogado defensor, el magistrado del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios dispuso mantener en vigencia la prisión preventiva dictada y declarar no factible la sustitución de dicha medida por la de detención domiciliaria. Como se recuerda, el exgerente de educación de la región La Libertad fue capturado -la madrugada del pasado 27 de febrero- junto a 15 funcionarios más, acusados por cometer los presuntos delitos contra la fe pública, contra la administración pública, organización criminal, falsificación de documentos y cohecho pasivo propio en agravio del Estado, entre otros.

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